Suenan las alertas. El 59,6% de los ciudadanos piensan que hay “demasiados” inmigrantes en España, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que además, destaca la inmigración entre las primeras preocupaciones sociales (40%), bastante por encima del terrorismo de ETA (25,3%) y sólo por debajo del desempleo (54,1%).
Sin embargo, y curiosamente, ese posible brote de intolerancia se contradice con otras opiniones encuestadas, según las cuales, el 78,9% de los españoles considera que los inmigrantes deben tener los mismos derechos que los nativos (educación, sanidad, asociación, religión…).
Entonces, ¿cuál es el problema? Parece que, como diría Clinton: Is the Economy, Idiot. Con la llegada de los inmigrantes, ha aumentado el número de ciudadanos con mayores necesidades sociales, pero ¿ha crecido también el dinero para financiar esas prestaciones?
Está claro que si no se financian correctamente, una de dos, o se devaluan los servicios o se limitan los usuarios de la educación, sanidad y asistencia públicas. Resulta que esto es lo que ha venido sucediendo en los últimos años, sobre todo, en grandes capitales receptoras de inmigrantes, como Madrid.
El barómetro del CIS aporta dos indicios en esa dirección. De momento, casi la mitad de los ciudadanos piensan que los sueldos están bajando por culpa de los extranjeros. Mientras que un abrumador 78,1% opinan que la inmigración está perjudicando a la españoles pobres. Habría que preguntar ¿cómo de pobres?
Con este panorama, las críticas dirigidas al Gobierno por “regularización masiva de inmigrantes” no sólo parecen equivocadas, sino bastante peligrosas. Mejor estaría que se pusieran todos manos a la obra para fortalecer el estado del bienestar, sin exclusiones, en vez de convocar fantasmas que conviene no agitar.