El matrimonio entre parejas homosexuales, el Sistema Nacional de Dependencia, la regularización de trabajadores inmigrantes y la ley integral contra la violencia de género prueban que Zapatero está aplicando el denominado marketing de nichos en la acción política de su gobierno.

La estrategia consiste en identificar y conquistar pequeños segmentos de mercado electoral cuyas necesidades no han satisfecho los competidores, como los dos millones de ciudadanos homosexuales; los tres millones y medio de personas con discapacidades; el medio millón de trabajadores inmigrantes y más de sesenta mil mujeres víctimas de violencia machista beneficiados por el gobierno en el 2005.

Desde luego, es una estrategia política coherente con la identidad de un ejecutivo socialista, que se supone debe favorecer a los colectivos discriminados, no obstante, su eficacia electoral está siendo cuestionada por una contradicción esencial y un riesgo latente: la alianza con los nacionalismos y la amenaza de una crisis económica.

Como la espada de Damocles, los fantasmas de la corrupción y el desempleo perseguirán a los ejecutivos del PSOE por los siglos de los siglos, de tal suerte que cualquier indicio de chanchullo o recesión debilitará el respaldo electoral del gobierno Zapatero. De momento, han controlado esos riesgos, pero la tasa de inflación comienza a preocupar.

El nicho nacionalista. Otro asunto es la cuestión nacional. A menos que se comparta que los gallegos, catalanes o vascos son discriminados en España por el hecho de nacer en Galicia, Cataluña o Euskadi, a la mayoría de los votantes les resulta difícil comprender la afinidad entre socialismo y nacionalismo.

Lamentablemente, esta contradicción se está manifestando con virulencia gracias a la polémica de los nuevos estatutos, hasta el punto en que el gobierno Zapatero puede encontrar su verdadero nicho en el mercado nacionalista, aunque en el sentido literal de la palabra.

Suenan las alertas. El 59,6% de los ciudadanos piensan que hay “demasiados” inmigrantes en España, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que además, destaca la inmigración entre las primeras preocupaciones sociales (40%), bastante por encima del terrorismo de ETA (25,3%) y sólo por debajo del desempleo (54,1%).

Sin embargo, y curiosamente, ese posible brote de intolerancia se contradice con otras opiniones encuestadas, según las cuales, el 78,9% de los españoles considera que los inmigrantes deben tener los mismos derechos que los nativos (educación, sanidad, asociación, religión…).

Entonces, ¿cuál es el problema? Parece que, como diría Clinton: Is the Economy, Idiot. Con la llegada de los inmigrantes, ha aumentado el número de ciudadanos con mayores necesidades sociales, pero ¿ha crecido también el dinero para financiar esas prestaciones?

Está claro que si no se financian correctamente, una de dos, o se devaluan los servicios o se limitan los usuarios de la educación, sanidad y asistencia públicas. Resulta que esto es lo que ha venido sucediendo en los últimos años, sobre todo, en grandes capitales receptoras de inmigrantes, como Madrid.

El barómetro del CIS aporta dos indicios en esa dirección. De momento, casi la mitad de los ciudadanos piensan que los sueldos están bajando por culpa de los extranjeros. Mientras que un abrumador 78,1% opinan que la inmigración está perjudicando a la españoles pobres. Habría que preguntar ¿cómo de pobres?

Con este panorama, las críticas dirigidas al Gobierno por “regularización masiva de inmigrantes” no sólo parecen equivocadas, sino bastante peligrosas. Mejor estaría que se pusieran todos manos a la obra para fortalecer el estado del bienestar, sin exclusiones, en vez de convocar fantasmas que conviene no agitar.

Las empresas terminan financiando a las ONGs que primero cuestionan y después mejoran su imagen pública. Eso es lo que viene a decir el estudio La relación ONG-empresa en el marco de la responsabilidad social de la empresa, del Centro de Estudios de Cooperación para el Desarrollo (CECOD), formado por la Fundación Codespa, la Universidad San Pablo CEU y Soluziona. Xosé Ramil lo explica en Canal Solidario con el ejemplo de la relación entre Intermon Oxfam y las industrias textiles Inditex, Cortefiel, Mango e Induyco-El Corte Inglés.

Ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios sociales, ni las pensiones mejorarán en nuestro maltrecho estado de bienestar mientras necesitemos superar mil quinientos trámites para obtener una mínima prestación. Parece que el Gobierno ha caído en la cuenta y está preparando una serie de medidas para reducir la carísima burocracia de nuestras crecientes Administraciones. Veremos si se cumplen las expectativas. De momento, sabemos que la ejecución de sus planes depende del acuerdo con las respectivas comunidades autónomas. Visto lo visto, no podemos ser demasiado optimistas ¿no?